viernes, 1 de junio de 2007

Editorial Mercurial

Viernes 1 de junio de 2007


Crisis del Sename







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A pocos días de entrar en aplicación la nueva normativa penal juvenil, que requiere decisivamente un buen funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename), éste se encuentra sumido en una crisis que va más allá de las solas exigencias laborales y salariales de sus dos mil 800 funcionarios. Éstos se han movilizado en un paro indefinido y crecientemente violento, que incluye cortes de caminos, ocupaciones de centros y quema de neumáticos.

Tales conductas, perpetradas por quienes tienen la misión legal de rehabilitar a menores y reinsertarlos en la normalidad social, son un contrasentido que, lógicamente, los inhabilitaría para seguir cumpliendo tales funciones. Sin embargo, una ya larga experiencia hace previsible que impondrán sus demandas, y se volverá entonces a una situación similar a la anterior al paro.

Pero, precisamente, ese estado de cosas es expresivo de un agotamiento estructural del Sename, del que no pueden esperarse progresos efectivos mientras no cambie el marco conceptual en que hoy se basa. Su concepción original, en 1979, suponía una labor normativa, de financiamiento y supervisión de las funciones de rehabilitación, protección y reinserción de menores con problemas de tuición o en conflicto con la justicia. Factor clave era fomentar la acción de instituciones privadas en esas tareas -de inmensa dificultad práctica-, considerando que se trata de un área en la que, dados los incentivos e instrumentos adecuados, existe un enorme potencial e interés de personas e instituciones particulares, mucho más allá del fin de lucro que puedan o no tener algunas de ellas.

Sobre la base de una subvención estatal realista y reajustable automáticamente por IPC, entre 1980 y 1982 el Sename indujo a un alza notable en cobertura y calidad de la atención, que auguraba cambios determinantes en el universo de menores que requerían atención, que entonces se estimaban en unos 500 mil en todo Chile. Lamentablemente, la crisis económica de ese último año congeló el reajuste automático de la subvención, que nunca se retomó. La Concertación heredó el Sename, pero revirtió su orientación: en vez de promover la participación privada, se involucionó hacia el servicio estatal tradicional.

Cerrado en sí mismo, impermeable al escrutinio ciudadano -en particular durante la administración Lagos-, el Sename creció en funcionariado y peso político-administrativo, hasta amagar, de hecho, el poder del Ministerio de Justicia, del que depende. No por ello aumentaron de modo significativo ni la cobertura ni la calidad del servicio a los menores: 82 mil atendidos en 2007 representa, aproximadamente, sólo el doble de 1982. En proporción, es poco.

Modificar este cuadro supondría un cambio de enfoque, que no cabe esperar por ahora.

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