Miércoles 13 de Junio de 2007
SANTIAGO.- Por mayoría, y casi una semana después de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por diputados de la Concertación, que encabezados por el parlamentario socialista Juan Bustos, pretendían frenar con esta iniciativa la polémica indicación a la citada ley impulsada por el senador gremialista Hernán Larraín y aprobada en el Congreso.
De esta manera se mantiene la propuesta del timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que endurece las penas para los delitos graves -como asesinato, violación o secuestro-, y en concreto establece que los jóvenes de 16 y 17 imputados por este tipo de ilícitos deben permanecer obligatoriamente dos años privados de libertad.
Dicha iniciativa concitó el rechazó de instituciones como la Unicef, que argumentaban que la modificación transgredía tratados internacionales suscritos por Chile para resguardar los derechos de los menores.
El TC respaldó su decisión en que el Parlamento actuó haciendo uso de sus facultades, por lo que lo resuelto en dicha instancia no puede ser sometido a este tipo de impugnaciones. La decisión fue tomada por la mayoría de sus miembros, excepto el ministro Jorge Correa Sutil.
El requerimiento fue presentado el 19 de mayo, por 33 diputados oficialistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Jorge Burgos, Antonio Leal, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa.
SANTIAGO.- Por mayoría, y casi una semana después de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por diputados de la Concertación, que encabezados por el parlamentario socialista Juan Bustos, pretendían frenar con esta iniciativa la polémica indicación a la citada ley impulsada por el senador gremialista Hernán Larraín y aprobada en el Congreso.
De esta manera se mantiene la propuesta del timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que endurece las penas para los delitos graves -como asesinato, violación o secuestro-, y en concreto establece que los jóvenes de 16 y 17 imputados por este tipo de ilícitos deben permanecer obligatoriamente dos años privados de libertad.
Dicha iniciativa concitó el rechazó de instituciones como la Unicef, que argumentaban que la modificación transgredía tratados internacionales suscritos por Chile para resguardar los derechos de los menores.
El TC respaldó su decisión en que el Parlamento actuó haciendo uso de sus facultades, por lo que lo resuelto en dicha instancia no puede ser sometido a este tipo de impugnaciones. La decisión fue tomada por la mayoría de sus miembros, excepto el ministro Jorge Correa Sutil.
El requerimiento fue presentado el 19 de mayo, por 33 diputados oficialistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Jorge Burgos, Antonio Leal, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa.
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