Congreso endurece penas a jóvenes

La nota es de Ricardo Downey, El Mercurio:

"Miércoles 16 de mayo de 2007. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que ajustó el nuevo sistema penal adolescente: Congreso elevó penas por crímenes juveniles

"Con una indicación que contraría los deseos de la mayoría de los diputados de la Concertación, y también de la comisión de expertos que asesora la implementación del sistema, el Congreso aprobó ayer el proyecto que hace ajustes a la Ley Penal Juvenil, que en definitiva comenzará a regir el 8 de junio. Así, se diluyó la amenaza de una segunda postergación de la norma que hace imputables ante la ley a menores de entre 14 y 17 años de edad.Tal posibilidad alarmó la semana pasada a La Moneda, luego que la moción fuese aprobada gracias al voto de seis diputados oficialistas en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El Gobierno desplegó entonces un intenso lobby parlamentario, encabezado por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, logrando que la Cámara rechazara la nueva postergación por 103 votos contra 6 y 6 abstenciones.

Más estrecho (61 a 56) fue el resultado con que la sala aprobó una indicación del Senado (planteada por el senador de la UDI Hernán Larraín) que hace obligatoria la internación en régimen cerrado de los mayores de 16 y menores de 18 años que cometan crímenes con penas superiores a los 5 años.

En este resultado fue fundamental el voto de los 7 diputados del Partido Radical, que se alinearon con la oposición, generando el rechazo de los parlamentarios del oficialismo. Incluso éstos plantearon en la sala una indicación que reponía dejar la opción para que el juez decida en el primer año de cumplimiento si dicta una internación en régimen semicerrado o una libertad asistida especial.Dicha propuesta fue rechazada por los mismos 61 diputados que habían aprobado la "indicación Larraín".

El resultado molestó a algunos diputados de la Concertación, quienes reclamaron al ministro Maldonado (también radical) por lo sucedido.Fidel Espinoza (PS) le dijo al secretario de Estado que él es ministro de la Presidenta Bachelet y no del Partido Radical. "Lamentamos que el PR se haya concomitado con él para liquidar un proyecto del gobierno", sostuvo Espinoza al precisar que eso quedaba bastante claro si se considera que en el Senado la indicación fue apoyada por el presidente de ese partido, senador José Antonio Gómez. "No vale la pena responder ese tipo de comentarios", contestó el ministro de Justicia. Maldonado hizo ver que lo importante es que el proyecto del Ejecutivo fue aprobado casi por unanimidad en el Senado y en la Cámara. Los puntos que generaron debate, agregó, fueron introducidos por los parlamentarios y resueltos por ellos mismos según sus atribuciones, "lo que el Gobierno respeta plenamente".

En cuanto a que la indicación del senador Hernán Larraín, ahora parte de la Ley Penal Juvenil, la mayoría de la comisión de expertos señaló que va contra los principios de la reforma, que considera la prisión como último recurso. Al ministro Maldonado esta opinión le parece "muy respetable", tal como la de los parlamentarios. "Como Gobierno no nos corresponde más que acatarla y cumplirla", concluyó el secretario de Estado.Suprema respalda cambios y Unicef rechaza más sanciones. La polémica por los ajustes a la Ley Penal Juvenil traspasó las paredes del Congreso. Mientras la Corte Suprema estimó que son los mínimos que requiere para entrar en vigencia, "de manera que no sea objeto de aplicación e interpretación contradictoria de parte de los jueces", la Unicef rechazó al endurecimiento de las penas.La oficina de Naciones Unidas que vela por los derechos de la infancia advirtió que "en un debate apresurado y de último momento", el Parlamento introdujo una indicación que desvirtúa y contraviene los principios rectores de la iniciativa legal. Para Unicef, el principio de la Convención sobre los Derechos del Niño - ratificada por el Congreso en 1990 -, en cuanto a que la privación de libertad debe ser el último recurso y sólo para delitos graves, quedó lesionado al fijarse como pena única para ciertos delitos no violentos. Por eso abogará por un monitoreo permanente" a la ley. La Corte Suprema, en tanto, había elaborado el viernes un informe favorable a la modificación de la ley. Respecto del plazo máximo de detención -el tiempo en que se deberá poner a disposición del tribunal a un adolescente infractor fue ampliado de 12 a 24 horas-, el texto de la Corte Suprema indica que "parece un término más prudente y que se podrá cumplir por las policías".

Se introducen ajustes normativos para evitar incertidumbre en lo relativo a la determinación de las penas por parte de los jueces. Para ello, se reordenan los artículos referidos a las penas -los artículos 6, 21, 22 y 23 del texto original-, distinguiendo entre la pena a imponer (una vez considerados los atenuantes, los agravantes y otras circunstancias) y la pena considerada en abstracto (la que establece el Código Penal). Respecto de la procedencia de la internación provisoria (entendida como prisión preventiva) se clarifica cuál será la pena a considerar por el juez para determinar si ella es procedente o no (artículo 32 original de la ley). Así, se establece que podrá aplicarse la medida de internación provisoria en un centro cerrado cuando la pena en abstracto lo permita (5 años y un día o más) para delitos tales como homicidio, robo con violencia o intimidación y robo en lugar habitado. En caso de delito flagrante, se extiende el plazo contemplado originalmente, de 12 horas a 24 horas, para que la policía ponga al adolescente infractor de la ley a disposición del tribunal. También establece como obligación la presencia del abogado defensor al momento de que un joven imputado preste declaraciones ante el fiscal. Respecto del cumplimiento de la sanción en centros semicerrados, se amplía la oferta y cobertura de dichos recintos facultando al Sename para que celebre convenios con organismos colaboradores acreditados que podrán ofrecer este servicio. La indicación del Senado, por último, modificó el artículo 23, en cuanto a que si la sanción equivale a una pena de crimen (más de 5 años), el tribunal respectivo deberá aplicar al joven la pena de internación en régimen cerrado por los dos primeros años. Al tercero, el juez podrá revisar la situación y determinar un traslado a un régimen semicerrado u otro sistema de libertad vigilada especial.

La molestia oficialista y el "cansancio" radical.

La manera en que la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de ajuste a la Ley Penal Juvenil -incluyendo la llamada "indicación Larraín", que agrava las penas para los delitos más graves- no dejó muy contentos a la mayoría de los diputados de la Concertación.Entre los molestos está el socialista Juan Bustos. El abogado y diputado piensa que si bien la Ley Penal Juvenil es un avance cualitativo respecto de lo que actualmente existe en esta materia, la indicación del Senado "es inaceptable", pues va en contra de los principios de la ley, ya que por la vía de considerar los agravantes se puede llegar a condenar a jóvenes a más de 5 años de reclusión por delitos que no son de gravedad. En la misma línea se mostró el diputado independiente (ex PPD) Esteban Valenzuela, para quien no se puede negar al juez la facultad de determinar si envía a un menor a un régimen cerrado o a otro semicerrado. Jorge Burgos, de la DC, también se mostró contrariado por el resultado y fue uno de los que responsabilizaron al ministro de Justicia de actuar concertado con los diputados de su partido. El diputado radical Fernando Meza rechazó terminantemente esa posibilidad. Explicó que lo único que les pidió el ministro Maldonado fue que le ayudaran a que la Ley Penal Juvenil partiera el próximo 8 de junio.Meza hizo ver que los radicales se cansaron de ser el "vagón de cola" de la Concertación, y que apoyaron la indicación del Senado porque estimaron que era buena para la ciudadanía y para combatir la creciente delincuencia juvenil. En la Alianza, más allá de las críticas al Gobierno por no tener listos todos los aspectos de la implementación, aplaudieron que se aprobara la indicación. El diputado Alberto Cardemil estimó que era necesario pensar en las víctimas de la delincuencia y que no es posible que los ciudadanos honestos sigan viviendo enrejados en sus casas mientras los delincuentes están libres.

Los 6 que preferían postergar

A favor de prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente por un año votaron seis diputados: Jorge Burgos, Pedro Araya y Gabriel Ascencio, del PDC; Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela, ambos independientes y ex PPD, y Clemira Pacheco, del PS. Se abstuvieron, en tanto, los diputados Juan Bustos y Marcelo Díaz, del PS; Gonzalo Duarte y Patricio Vallespín, de la DC; Ramón Farías, del PPD, e Iván Norambuena, de la UDI."