Para un periodista de El Mercurio hay una guerra entre garantistas y punitivos.
La nota es del sábado.
Bruno Ebner
La nota es del sábado.
Bruno Ebner
"La bancada por la delincuencia".
La imputación hecha en la semana por la UDI irritó al grupo de los 33 diputados concertacionistas que impugnaron ante el Tribunal Constitucional (TC) la polémica indicación al proyecto de Reforma Penal Adolescente suscrita por el senador UDI Hernán Larraín.
Esta indicación establece que los menores de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves con penas superiores a los 5 años deberán cumplir, sí o sí, dos años en régimen cerrado antes de aspirar a beneficios de internación en régimen semicerrado.
Estos delitos son los de mayor gravedad e impacto. A saber: robos con homicidio; robos con violación; secuestro con homicidio; secuestro con violación, o robos con fuerza (ingresos por vía violenta a casas habitadas).
La llamada indicación "Larraín", que en el Senado fue apoyada de forma transversal, se aprobó estrechamente en la Cámara con los votos de la Alianza más los siete diputados radicales, y causó el escozor oficialista que motivó el requerimiento ante el TC. Las razones, en síntesis: dicha indicación iría contra el espíritu original del proyecto; contra los derechos de los menores amparados en convenciones internacionales reconocidas por Chile, y privaría al juez de la facultad para decidir si el joven delincuente debe irse a un recinto semicerrado y no a uno cerrado.
A raíz de esto, el mismo grupo de expertos que participó en la redacción del proyecto expresó su disconformidad con la inclusión. Paz Ciudadana, de hecho, duda sobre la conveniencia de quitarles esta prerrogativa a los jueces. En voz de Francisca Werth, la fundación advierte que encerrar dos años a todos los jóvenes que caigan en este tipo de delitos, y dada la precariedad actual de los centros de reclusión, originaría serios problemas de hacinamiento, entre otros.
La discutida norma, en verdad, no sería de Hernán Larraín. Originalmente, la redactó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), y la entregó a la comisión de Constitución del Senado. No se plasmó después en el proyecto enviado al Parlamento, porque tuvo oposición en sectores de la Concertación.
Al no despachar la indicación el Gobierno, Larraín la recoge casi textual y la firma, para después presentarla junto al senador RN Alberto Espina.
"La indicación es del Gobierno, y me sorprende que el propio ministro -que es el autor- no haya salido a defenderla como corresponde a quien hace una proposición al Congreso", lamenta el senador Espina.
En la Concertación concuerdan en el origen, y el diputado DC Jorge Burgos (firmante del requerimiento) la denomina además "indicación Gobierno-Larraín-PRSD".
Y, al igual que Alberto Espina, pero desde el bando opuesto, Burgos dispara su artillería en contra del ministro Maldonado:
"No puede ser que el Gobierno no tenga posición y diga que ésta es una discusión político-parlamentaria", deplora Burgos. Afirma que, esta vez, "la indisciplina la puso el Gobierno y no los parlamentarios, porque aprobó tácitamente una indicación contraria a lo que pensaba la Concertación", argumenta.
La imputación hecha en la semana por la UDI irritó al grupo de los 33 diputados concertacionistas que impugnaron ante el Tribunal Constitucional (TC) la polémica indicación al proyecto de Reforma Penal Adolescente suscrita por el senador UDI Hernán Larraín.
Esta indicación establece que los menores de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves con penas superiores a los 5 años deberán cumplir, sí o sí, dos años en régimen cerrado antes de aspirar a beneficios de internación en régimen semicerrado.
Estos delitos son los de mayor gravedad e impacto. A saber: robos con homicidio; robos con violación; secuestro con homicidio; secuestro con violación, o robos con fuerza (ingresos por vía violenta a casas habitadas).
La llamada indicación "Larraín", que en el Senado fue apoyada de forma transversal, se aprobó estrechamente en la Cámara con los votos de la Alianza más los siete diputados radicales, y causó el escozor oficialista que motivó el requerimiento ante el TC. Las razones, en síntesis: dicha indicación iría contra el espíritu original del proyecto; contra los derechos de los menores amparados en convenciones internacionales reconocidas por Chile, y privaría al juez de la facultad para decidir si el joven delincuente debe irse a un recinto semicerrado y no a uno cerrado.
A raíz de esto, el mismo grupo de expertos que participó en la redacción del proyecto expresó su disconformidad con la inclusión. Paz Ciudadana, de hecho, duda sobre la conveniencia de quitarles esta prerrogativa a los jueces. En voz de Francisca Werth, la fundación advierte que encerrar dos años a todos los jóvenes que caigan en este tipo de delitos, y dada la precariedad actual de los centros de reclusión, originaría serios problemas de hacinamiento, entre otros.
La discutida norma, en verdad, no sería de Hernán Larraín. Originalmente, la redactó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), y la entregó a la comisión de Constitución del Senado. No se plasmó después en el proyecto enviado al Parlamento, porque tuvo oposición en sectores de la Concertación.
Al no despachar la indicación el Gobierno, Larraín la recoge casi textual y la firma, para después presentarla junto al senador RN Alberto Espina.
"La indicación es del Gobierno, y me sorprende que el propio ministro -que es el autor- no haya salido a defenderla como corresponde a quien hace una proposición al Congreso", lamenta el senador Espina.
En la Concertación concuerdan en el origen, y el diputado DC Jorge Burgos (firmante del requerimiento) la denomina además "indicación Gobierno-Larraín-PRSD".
Y, al igual que Alberto Espina, pero desde el bando opuesto, Burgos dispara su artillería en contra del ministro Maldonado:
"No puede ser que el Gobierno no tenga posición y diga que ésta es una discusión político-parlamentaria", deplora Burgos. Afirma que, esta vez, "la indisciplina la puso el Gobierno y no los parlamentarios, porque aprobó tácitamente una indicación contraria a lo que pensaba la Concertación", argumenta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario