Jueves 31 de mayo de 2007Ricardo Downey , David Muñoz El Mercurio.
Las manifestaciones de los trabajadores del Sename por demandas de mejoras salariales son en estos momentos la cara visible de un servicio que ha vivido casi permanentemente en crisis, por las precarias condiciones en que se desempeña su personal y la falta de recursos para dar atención a los menores vulnerados en sus derechos y brindar rehabilitación a los jóvenes infractores de ley.
El Servicio Nacional de Menores inició sus actividades el 1 de enero de 1980, y recién ahora se da la posibilidad de contar con una carrera funcionaria a través de una ley de plantas, que sería enviada al Congreso en el último trimestre del año, según un compromiso del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, con el frente de trabajadores del Sename.
Así, se da la situación de que el 92% de los casi 2.800 funcionarios de la entidad están a contrata. De ellos, 1.917 trabajan directamente con los menores en riesgo en los centros de atención cerrados, con sueldos que van desde los $280 mil para auxiliares y administrativos, y de entre $450 mil y $600 mil para los 918 profesionales, en su mayoría sicólogos, asistentes sociales y profesores.
Carta a la Presidenta
Los problemas pasan por falta de liderazgo y una gestión ineficiente de las autoridades del servicio, y lo grafican con que la unidad a cargo de implementar la ley de responsabilidad penal adolescente tuvo cuatro jefaturas distintas en los primeros nueve meses de la actual administración.
Los trabajadores ya habían hecho ver estas críticas a la Presidenta Bachelet, en una carta que le enviaron el tres de abril pasado.
Responsabilizan al "cuoteo" político el que se haya designado gente poco idónea en las direcciones regionales y otros cargos de responsabilidad, como sucedió con la directora de la XI Región, que en mayo pasado fue destituida luego de ser sorprendida con marihuana en su casa y declararse consumidora.
Con un presupuesto de 92 mil millones de pesos para este año y 15 mil para implementar la nueva ley penal juvenil, el Sename atiende a 82 mil niños, niñas y adolescentes, tanto en forma directa como a través de entidades colaboradoras.
Cinco mil de esos menores de edad corresponden a infractores de ley, y con cerca de 800 de ellos trabajan en los recintos cerrados los funcionarios del Sename, quienes, dicen, lo hacen en forma bastante precaria y acusan falta de talleres para capacitacón laboral y oferta educacional.
Alicia del Basto, presidenta de Afuse, señala que educadores y otros profesionales, día a día, deben ingeniárselas para generar actividades que tengan ocupados a los menores, comprando incluso materiales de su propio bolsillo.
INVERSIÓN
EL SENAME cuenta este año con 15 mil millones de pesos para implementar la ley juvenil.
El Servicio Nacional de Menores inició sus actividades el 1 de enero de 1980, y recién ahora se da la posibilidad de contar con una carrera funcionaria a través de una ley de plantas, que sería enviada al Congreso en el último trimestre del año, según un compromiso del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, con el frente de trabajadores del Sename.
Así, se da la situación de que el 92% de los casi 2.800 funcionarios de la entidad están a contrata. De ellos, 1.917 trabajan directamente con los menores en riesgo en los centros de atención cerrados, con sueldos que van desde los $280 mil para auxiliares y administrativos, y de entre $450 mil y $600 mil para los 918 profesionales, en su mayoría sicólogos, asistentes sociales y profesores.
Carta a la Presidenta
Los problemas pasan por falta de liderazgo y una gestión ineficiente de las autoridades del servicio, y lo grafican con que la unidad a cargo de implementar la ley de responsabilidad penal adolescente tuvo cuatro jefaturas distintas en los primeros nueve meses de la actual administración.
Los trabajadores ya habían hecho ver estas críticas a la Presidenta Bachelet, en una carta que le enviaron el tres de abril pasado.
Responsabilizan al "cuoteo" político el que se haya designado gente poco idónea en las direcciones regionales y otros cargos de responsabilidad, como sucedió con la directora de la XI Región, que en mayo pasado fue destituida luego de ser sorprendida con marihuana en su casa y declararse consumidora.
Con un presupuesto de 92 mil millones de pesos para este año y 15 mil para implementar la nueva ley penal juvenil, el Sename atiende a 82 mil niños, niñas y adolescentes, tanto en forma directa como a través de entidades colaboradoras.
Cinco mil de esos menores de edad corresponden a infractores de ley, y con cerca de 800 de ellos trabajan en los recintos cerrados los funcionarios del Sename, quienes, dicen, lo hacen en forma bastante precaria y acusan falta de talleres para capacitacón laboral y oferta educacional.
Alicia del Basto, presidenta de Afuse, señala que educadores y otros profesionales, día a día, deben ingeniárselas para generar actividades que tengan ocupados a los menores, comprando incluso materiales de su propio bolsillo.
INVERSIÓN
EL SENAME cuenta este año con 15 mil millones de pesos para implementar la ley juvenil.
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