Expertos piden cambios institucionales

Dicen que la nueva ley requiere una profesionalización de la gestión.

Drásticos cambios en la gestión y en la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores (Sename) es lo que se requiere para afrontar la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, según la opinión de expertos en el tema.

Esto, más allá de los problemas de infraestructura, cobertura y diseño que presentan los centros semicerrados, situación que ya había advertido la Comisión de Expertos, y por la cual habían recomendado aplazar la entrada en vigencia de la nueva ley en un año más.

En términos precisos, el profesor de derecho de la Universidad Diego Portales y miembro de la comisión, Miguel Séller, plantea que el Sename se transforme en un "órgano de justicia penal".

Se trata de una transformación profunda. "Desde visiones culturales hasta formas de trabajo con los organismos con que se relaciona, su relación con instituciones acreditadas, es decir un gran desafío que debería consolidarse en un plazo breve", afirma el académico.

En este sentido, Cillero explica que la falta de gradualidad en la implementación de la nueva justicia juvenil provoca una "marcha forzada", que va a significar un alto nivel de exigencia para el Sename debido a que el contexto de trabajo es totalmente distinto en el nuevo sistema.

En esta misma línea, otro miembro de la citada comisión, Paulo Egenau, asegura que en las primeras discusiones sobre la responsabilidad penal adolescente, hubo una expectativa fuerte en cuanto a un cambio más profundo en la institucionalidad con que trabajaría la nueva normativa.

"Se requiere una entidad con una perspectiva moderna, un abordaje técnico y terapéutico distinto, con mayor cantidad de recursos y mayor elaboración en el tiempo", explica el actual director de la Fundación Paréntesis, del Hogar de Cristo.

Otro punto en el que coinciden otros expertos consultados es en la necesidad de profesionalizar la gestión del servicio.

Este cambio, dicen, se tiene que dar en los criterios de selección de los profesionales y las personas que ocupan los altos cargos y en la forma de elaborar los distintos programas.

La experiencia de otros países indica que junto con el nacimiento de estas nuevas leyes surgen organismos que se hacen cargo de gestionar el sistema, necesidad que había sido planteada por la comisión en su primer informe, según dice una de las fuentes consultadas.